Boletín Junio

• La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo funciona la prescripción de la acción de responsabilidad de liquidador si la cuenta final se impugna.
• La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que las exclusiones del seguro deben figurar de forma destacada a partir de la primera página de la póliza.
• La Sección Primera del Consejo de Estado recordó que la inscripción de venta en el libro de registro de acciones no procede si no se agota el derecho de preferencia.
• La Sección Plena del Consejo de Estado explicó que la acción de grupo no procede para reclamar la devolución de tributos por nulidad de actos que los crearon.

• La Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que los representantes legales y revisores fiscales están legitimados en la causa para controvertir sanciones tributarias.
• La DIAN expide concepto que adiciona el concepto unificado sobre factura electrónica.
• La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó que la impugnación de las decisiones de asamblea depende de que no se ajusten a prescripciones legales o estatutos.

Pago de aumentos de capital en S.A.S.

Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-081442, Abril 18 de 2024

La Superintendencia de Sociedades recordó que el articulo 9 de la Ley 1258 de 2008, prevé que la suscripción y pago del capital podrá realizarse en proporciones y plazos disimiles a los ya establecidos en el Código de Comercio. Sin embargo, la entidad es clara en reiterar que el plazo máximo para el pago del capital suscrito en la S.A.S. será de dos años. Así mismo, se reiteró que dicho termino aplica tanto para el momento de la constitución de la sociedad como en las posteriores suscripciones. Por último, la Superintendencia de Sociedades aclaró que la suscripción de acciones es un contrato mediante el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad según el respectivo reglamento y a someterse a sus estatutos, mientras que la sociedad se obliga a reconocerle la calidad de accionista y entregarle el titulo correspondiente.

Administradores de hecho.

Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-078598, abril 12 de 2024.

Mediante el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades se aclara que, la calidad de administrador de hecho solo puede invocarse respecto de aquellas personas que, si bien no fueron designadas formalmente como administradores sociales, ejercen actividades pertenecientes a la órbita de tales funcionarios. En ese sentido, la entidad ha venido estableciendo una serie de criterios que permiten identificar a los administradores de hecho, entre ellos:

(i) dirigir las actuaciones de los demás administradores, (ii) obligar a la compañía a asumir obligaciones cuantiosas, (iii) ser reconocidos explícitamente por la sociedad como administradores, (iv) presentarse ante terceros como directores y (v) adoptar decisiones trascendentales para el funcionamiento de la compañía.

Por último, la Superintendencia recuerda que, la configuración de la figura de administrador de hecho puede desestimarse cuando se logra probar que no existió una verdadera gestión administrativa dentro de una compañía realizada por una persona a la que no se le ha designado como administrador. 

Sucursal de sociedad extranjera.

Consejo de Estado, Sentencia, 26634. Abril 11 de 2024.

El Consejo de Estado determinó que, el requisito del registro de la importación de tecnología como requisito de deducibilidad del costo o gasto en materia de impuesto sobre la renta también es aplicable a sucursales de sociedades extrajeras cuando celebran operaciones de ese tipo. La Corporación fue clara en reiterar que cuando se trata de impuesto a la renta se debía aplicar a las sucursales el régimen de las sociedades anónimas, esto implica necesariamente que se debe cumplir con los requisitos generales y específicos para que una expensa sea deducible, así como con el régimen de precios de transferencia.

Deducción por depreciación.

Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia (27135) Abril 11 de 2024.

 En el caso bajo estudio por parte del Consejo de Estado, el demandante solicitó la nulidad de la decisión de la DIAN de rechazar la deducción por depreciación por supuesta inexistencia de los contratos de usufructo sobre unos vehículos. Para resolverlo, la Sala resaltó que, de existir en las operaciones cuestionadas una transferencia de dominio, las mismas deberán considerarse como una compraventa, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes, aun cuando el artículo 1608 del Código Civil indica que cuando se conozca claramente la intención de los contratantes debe estarse más a ella que a lo literal en las palabras”, esto indica que para el Consejo de Estado prevalece la sustancia sobre la forma del contrato en deducción por depreciación.

Retraso desleal en materia contractual.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia, SC425-2024, Abril 09 de 2024.

Mediante Sentencia del cuarto (04) de abril de 2024., la Corte Suprema de Justicia determinó cuales son los requisitos para que opere la figura del retraso desleal en el contexto de la buena fe y la confianza negocial. La Sala ha definido esta figura como la inadmisibilidad del ejercicio del derecho cuando el titular no se ha preocupado durante un periodo de tiempo mas o menos largo de hacerlo valer y ha dado lugar con su inactividad a que la otra parte de la relación jurídica confíe en que el derecho ya no será ejercido. De llegar a concurrir los presupuestos señalados en la sentencia, el ejercicio del derecho por parte de su titular es inadmisible ya que los afectados pueden oponerse a su disfrute o restarle prosperidad a la reclamación que se promueva para tal fin. De esta manera, la Corte establece un limite para no afectar a quienes tienen confianza legitima sobre el no disfrute de un derecho.

Cláusula penal y la multa contractual.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia (62986). Febrero 05 de 2024.

Mediante la sentencia del cinco (05) de febrero de 2024, el Consejo de Estado recordó las diferencias entre la multa contractual y la cláusula penal. En el primer evento, su finalidad es compeler o apremiar al contratista a cumplir con las obligaciones a su cargo, cuando incurre en mora en su ejecución conforme a los plazos convenidos. Por otra parte, la clausula pecuniaria se caracteriza por tener una naturaleza eminentemente indemnizatoria ya que su finalidad es reparar el daño causado con el incumplimiento del objeto acordado. Otras dos características que resalta el Consejo de Estado respecto de estas dos figuras son: Las multa solo es viable pactarse en contratos de tracto sucesivo y es exigible mientras la situación de incumplimiento continue. En cambio, la clausula penal es viable acordarla tanto en negocios de tracto sucesivo como en aquellos son de ejecución instantánea.

Información Tributaria Internacional

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Resolución 96. Mayo 31 de 2024.

Mediante la Resolución 96, la DIAN informó que desde el 7 de octubre del 2014, se han adelantado gestiones, junto con otras entidades del Gobierno, tendientes a la negociación de tratados y acuerdos internacionales para el intercambio de información tributaria con los países, jurisdicciones, dominios, Estados asociados o territorios mencionados en el artículo 1.2.2.5.1. del Decreto 1625 del 2016, único reglamentario en materia Tributaria. Algunos de los Estados asociados o jurisdicciones que cuentan con un tratado internacional suscrito que permite el intercambio de información tributaria con Colombia: Antigua y Barbuda, Estado de Brunei Darussalam, Estado de Kuwait, Estado de Qatar, Estado Independiente de Samoa Occidental, Hong Kong, entre otros.